El consistorio está dispuesto a extinguir los contratos y retirar los fondos municipales que pudiera disponer el Ayuntamiento en aquellas entidades financieras que a partir de la fecha de este acuerdo continúen realizando ejecuciones hipotecarias.
El Pleno del Ayuntamiento de San Miguel de Abona aprobaba por unanimidad la moción presentada por su alcalde, Valentín González, dirigida a adoptar las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos.
Según el alcalde, «esta moción es presentada tras el estallido de la crisis y el aumento del desempleo, cuando miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas, como es el mantenimiento de sus viviendas«. Así, con esta iniciativa el Pleno sanmiguelero se une al acuerdo unánime adoptado por el Comité Ejecutivo de la FECAM por el que se muestra el respaldo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y, en general, a toda la ciudadanía que viene sufriendo el drama social de la pérdida de sus viviendas por desahucios judiciales.
De esta manera, y considerando que se está hablando del resultado de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es en los ayuntamientos a donde se dirigen las personas y familias afectadas en busca de ayuda, el acuerdo adoptado en sesión plenario recoge instar al Gobierno del Estado a modificar el actual marco legal que regula el mercado hipotecario. En concreto, se solicita que se establezca un procedimiento de insolvencia de las personas físicas en el que se recojan plazos y prórrogas que hagan el pago más flexible, la tasación por profesionales independientes al banco, la autorización para que la persona deudora continúe en la vivienda pagando un canon o alquiler que no supere el 30% de la renta familiar neta o la regulación de un régimen específico para la vivienda habitual y de los locales de negocio, entre otros.
Por otro lado, en esta moción se recoge demandar de las entidades financieras y bancarias el establecimiento de los mecanismos necesarios para favorecer la transparencia y la información a disposición de la ciudadanía con relación a la concesión de préstamos o créditos hipotecarios. El alcalde sanmiguelero aclara que se pretende instar al Gobierno del Estado, a la Comunidad Autónoma de Canarias y a los Cabildos «a incrementar las ayudas al alquiler, como ya están haciendo los Ayuntamientos, de cara a apoyar a las personas que hayan perdido sus viviendas», añadiendo que «se llegará a extinguir los contratos y retirar los fondos municipales que pudiera disponer el Ayuntamiento en aquellas entidades financieras que a partir de la fecha de este acuerdo continúen realizando ejecuciones hipotecarias». El consistorio espera que tanto Cabildos, como Gobierno y Parlamento de Canarias se sumen a esta iniciativa de retirada de los fondos públicos y, con ello, transmitir a la ciudadanía canaria el firme compromiso de apoyo de todos los poderes públicos con el sector de la población más vulnerable y desprotegido.
