Se pretende regular el desarrollo de esta actividad controlando a aquellas personas que operan apoyándose en cierto vacío legal a la hora de desarrollar dicho negocio.
Recientemente se aprobaba en el consistorio sanmiguelero la modificación de la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno para incluir una sección relativa al tráfico dedicado a la exposición y venta de vehículos en espacios públicos. Cabe destacar que en los últimos años ha proliferado, en diferentes municipios de la isla, la venta de vehículos en espacios públicos o privados situados fundamentalmente cercanos a las vías altamente transitadas (solares, estaciones de servicio, aparcamientos…), así como la venta en vías y calles públicas.
En este sentido, el alcalde del municipio, Valentín González, declaraba que “tal actividad se está desarrollando fundamentalmente por personas, que desarrollan su negocio en lugares no autorizados, utilizando el espacio público con el ánimo de generar beneficios económicos en desventaja para el colectivo empresarial que se dedica a esta actividad”. Es por tal motivo que desde el ayuntamiento de San Miguel de Abona ha creído necesario regular el desarrollo de esta actividad de manera que las autoridades locales puedan realizar un control respecto a aquellas personas que operan apoyándose en cierto vacío legal a la hora de desarrollar dicho negocio. González añadía que así “se pretende así, acabar con la situación de ilegalidad de venta de vehículos en la vía pública, no permitiendo la venta de los mismos fuera del establecimiento comercial permanente, salvo supuestos excepcionales, y siempre con previa autorización municipal”.
Dicha autorización debe ser expuesta en lugar visible en el propio vehículo e igualmente se informa que en caso de no cumplir debidamente con las exigencias de esta Ordenanza Municipal, la persona infractora podrá llegar a abonar sanciones desde 750 € hasta 1.500 €, dependiendo de la gravedad de la infracción.
La venta de vehículos constituye actualmente, por su valor económico y por su impacto social, una de las actividades comerciales más importantes de nuestro tiempo. Las exigencias legales respecto al desarrollo de la actividad de venta junto a las exigencias derivadas respecto a la protección de los derechos de las personas consumidoras y la seguridad implican, para las empresas que operan en este sector comercial, un alto grado de exigencia para el desarrollo de su actividad.
