San Miguel de Abona se suma al rechazo del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que promueve el Gobierno Est...

El Pleno del Ayuntamiento de San Miguel de Abona aprobaba esta semana por unanimidad sumarse al llamamiento del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas, en relación al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que promueve el Gobierno del Estado. Desde el consistorio se considera que de llevarse a cabo tal proyecto se estaría produciendo uno de los mayores ataques que ha recibido el sistema público en las administraciones locales.

El alcalde del municipio, Valentín González, declaraba que “con esta reforma se pretende reducir a la mínima expresión los servicios sociales municipales en los municipios de menos de 20.000 habitantes”, añadiendo que “en Canarias las consecuencias serían más graves que en otras comunidades autónomas puesto que se verían afectados 61 de los 88 municipios de la isla”. En este sentido, se estaría hablando de casi el 70% de los municipios que aglutina una población de más de 430 mil personas.

Desde el consistorio sanmiguelero se quiere hacer hincapié en el grave error que supone recortar los fondos destinados a los programas para menores con dificultad social, de acción para personas con discapacidad y de teleasistencia, así como el recorte del 40% del Plan Concertado, el cual fue creado en los ochenta con el objetivo de financiar los Servicios Sociales Básicos que prestan los Ayuntamientos y cuya función es atender a la población en situación de desventaja social y empobrecida, o con serias dificultades para hacer frente a sus circunstancias personales y familiares, así como a los gastos de la vida cotidiana.

Cabe informar que el Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas comparten el rechazo, junto con diferentes movimientos a nivel estatal, a las medidas que están ejecutándose contra el Sistema Público de Servicios Sociales, puesto que las políticas de austeridad han provocado recortes generalizados en las prestaciones sociales que ofrece el Estado a la ciudadanía, las cuales han sido más dramáticas en el último año.

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