San Miguel se suma al programa ‘Canarias + Viviendas x Familia’

El Ayuntamiento de San Miguel de Abona se ha adherido a un convenio de colaboración con la empresa pública de promoción de viviendas protegidas del archipiélago (Visocan). Así, tanto el alcalde Arturo González, como la concejala de Servicios Sociales Nuria Marrero,  informan que el municipio se ha acogido al programa autonómico ‘Canarias + Viviendas x Familia‘, que promueve el acceso a la vivienda a las unidades familiares que han perdido o estén en riesgo de perder su residencia habitual por un proceso judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio, incluso ante su inminente lanzamiento. El citado programa ofrece asesoramiento y mediación a quienes se encuentre en situación de riesgo habitacional, seguimiento y acompañamiento a las personas o unidades de convivencia adheridas al programa y elaboración y gestión de un parque de viviendas para alquiler social.

El impulsor de esta iniciativa, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, se compromete a coordinar la intervención de los ayuntamientos y su adhesión al referido programa, informar al consistorio para el desarrollo del mismo, facilitar el modelo de informe social y ficha de derivación respectivas, asesorar técnica y jurídicamente en materia de vivienda y aportar una bolsa de viviendas. El Ayuntamiento de San Miguel ha de emitir un informe en un plazo de 10 días hábiles.

Ambos mandatarios municipales ponen de manifiesto que «es una medida que establece un protocolo unificado de acción entre la administración local y regional para hacer frente a situaciones de procedimientos judiciales o extrajudiciales de pérdida de vivienda por merma de la capacidad económica, bien por no poder pagar la hipoteca o el alquiler. Situaciones graves que ahora van a tener una nueva forma de abordarse”.

En el marco de este programa ‘Canarias + Viviendas x Familias’ se constituirá una comisión de seguimiento integrada por un representante de cada ayuntamiento que haya conveniado, además de dos representantes de la comunidad autónoma, un jurídico y un trabajador social.

El Pleno sanmiguelero aprueba una moción dirigida a evitar los desahucios por motivos económicos

El consistorio está dispuesto a extinguir los contratos y retirar los fondos municipales que pudiera disponer el Ayuntamiento en aquellas entidades financieras que a partir de la fecha de este acuerdo continúen realizando ejecuciones hipotecarias.

El Pleno del Ayuntamiento de San Miguel de Abona aprobaba por unanimidad la moción presentada por su alcalde, Valentí­n González, dirigida a adoptar las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos.

Según el alcalde, «esta moción es presentada tras el estallido de la crisis y el aumento del desempleo, cuando miles de familias han llegado a una situación lí­mite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas, como es el mantenimiento de sus viviendas«. Así­, con esta iniciativa el Pleno sanmiguelero se une al acuerdo unánime adoptado por el Comité Ejecutivo de la FECAM por el que se muestra el respaldo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y, en general, a toda la ciudadaní­a que viene sufriendo el drama social de la pérdida de sus viviendas por desahucios judiciales.

De esta manera, y considerando que se está hablando del resultado de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es en los ayuntamientos a donde se dirigen las personas y familias afectadas en busca de ayuda, el acuerdo adoptado en sesión plenario recoge instar al Gobierno del Estado a modificar el actual marco legal que regula el mercado hipotecario. En concreto, se solicita que se establezca un procedimiento de insolvencia de las personas fí­sicas en el que se recojan plazos y prórrogas que hagan el pago más flexible, la tasación por profesionales independientes al banco, la autorización para que la persona deudora continúe en la vivienda pagando un canon o alquiler que no supere el 30% de la renta familiar neta o la regulación de un régimen especí­fico para la vivienda habitual y de los locales de negocio, entre otros.

Por otro lado, en esta moción se recoge demandar de las entidades financieras y bancarias el establecimiento de los mecanismos necesarios para favorecer la transparencia y la información a disposición de la ciudadaní­a con relación a la concesión de préstamos o créditos hipotecarios. El alcalde sanmiguelero aclara que se pretende instar al Gobierno del Estado, a la Comunidad Autónoma de Canarias y a los Cabildos «a incrementar las ayudas al alquiler, como ya están haciendo los Ayuntamientos, de cara a apoyar a las personas que hayan perdido sus viviendas», añadiendo que «se llegará a extinguir los contratos y retirar los fondos municipales que pudiera disponer el Ayuntamiento en aquellas entidades financieras que a partir de la fecha de este acuerdo continúen realizando ejecuciones hipotecarias». El consistorio espera que tanto Cabildos, como Gobierno y Parlamento de Canarias se sumen a esta iniciativa de retirada de los fondos públicos y, con ello, transmitir a la ciudadaní­a canaria el firme compromiso de apoyo de todos los poderes públicos con el sector de la población más vulnerable y desprotegido.