Se pretende así aunar esfuerzos en un intento por paliar el drama que sufren cientos de habitantes de núcleos urbanos consolidados.
Tras la reciente creación de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas (PCALC), y tras haber solicitado el apoyo de los municipios canarios, la corporación sanmiguelera, en su última sesión plenaria, ha querido sumarse a la defensa de los intereses de las numerosas personas que en el archipiélago están afectadas por esta Ley.
El acuerdo llega tras la moción presentada por el alcalde del municipio, Valentín González, según el cual «lo que se pretende es mostrar nuestro apoyo en busca de una solución a la aplicación retroactiva de la Ley de Costas de 1988 y las situaciones de incertidumbre que se está generando por ello en la .
Cabe recordar que la PCALC intenta conseguir que se aprueben enmiendas donde se refleje la realidad del archipiélago canario, entre ellas que la exclusión de determinados núcleos de población de dominio público marítimo-terrestre se realice de forma coordinada entre todas las administraciones. De esta manera, se quiere dar una solución integral tanto desde el punto de vista patrimonial, como ambiental y urbanístico. En este sentido, González suscribe los objetivos de la Plataforma cuando declara que «en estos casos se debe preservar el patrimonio histórico defendiendo los núcleos urbanos y los poblados costeros cuya existencia sea anterior a la entrada en vigor de la Ley de . Se pretende así que las enmiendas a la actual Ley contemplen a Canarias como un territorio que por su insularidad y singularidad requiere de acciones excepcionales.
