San Miguel pone a disposición del Gobierno de Canarias una parcela de suelo municipal para construir 76 viviendas de protección oficial

San Miguel de Abona ha tenido un considerable aumento de población en los últimos años, algo que ha originado el incremento de los precios de la vivienda de alquiler, al igual que está ocurriendo en el resto de municipios del sur.

Desde el consistorio sanmiguelero se entiende que a esto se le ha sumado la crisis originada por el COVID-19, la cual ha puesto de manifiesto que un importante número de familias haya demandado necesidades habitacionales durante los últimos meses. Algo que se ha visto reflejado en la labor de asesoramiento que han desempeñado las áreas de Servicios Sociales y Vivienda del ayuntamiento sanmiguelero, las cuales han tenido que atender a más de 300 familias a la hora de presentar la solicitudes de ayudas al alquiler.

Arturo González, alcalde del municipio, ha declarado que “ante esta situación, hemos procedido a mostrar al Gobierno de Canarias nuestra total predisposición para ceder una parcela municipal que forma parte del Patrimonio Público de Suelo y cuyo fin prioritario es la construcción de viviendas protegidas”. Una parcela ubicada en Las Chafiras en la que, según se indica en los informes técnicos municipales, “podrían construirse aproximadamente  unas 76 viviendas, puesto que cuenta con 4.183 m2, apuntaba el mandatario municipal.

Un proyecto que quedaría enmarcado dentro del Plan Canario de Vivienda 2020/2023 y que beneficiaría a titulares de familias que residan o trabajen en el municipio de manera ininterrumpida.

San Miguel se suma al programa ‘Canarias + Viviendas x Familia’

El Ayuntamiento de San Miguel de Abona se ha adherido a un convenio de colaboración con la empresa pública de promoción de viviendas protegidas del archipiélago (Visocan). Así, tanto el alcalde Arturo González, como la concejala de Servicios Sociales Nuria Marrero,  informan que el municipio se ha acogido al programa autonómico ‘Canarias + Viviendas x Familia‘, que promueve el acceso a la vivienda a las unidades familiares que han perdido o estén en riesgo de perder su residencia habitual por un proceso judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio, incluso ante su inminente lanzamiento. El citado programa ofrece asesoramiento y mediación a quienes se encuentre en situación de riesgo habitacional, seguimiento y acompañamiento a las personas o unidades de convivencia adheridas al programa y elaboración y gestión de un parque de viviendas para alquiler social.

El impulsor de esta iniciativa, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, se compromete a coordinar la intervención de los ayuntamientos y su adhesión al referido programa, informar al consistorio para el desarrollo del mismo, facilitar el modelo de informe social y ficha de derivación respectivas, asesorar técnica y jurídicamente en materia de vivienda y aportar una bolsa de viviendas. El Ayuntamiento de San Miguel ha de emitir un informe en un plazo de 10 días hábiles.

Ambos mandatarios municipales ponen de manifiesto que “es una medida que establece un protocolo unificado de acción entre la administración local y regional para hacer frente a situaciones de procedimientos judiciales o extrajudiciales de pérdida de vivienda por merma de la capacidad económica, bien por no poder pagar la hipoteca o el alquiler. Situaciones graves que ahora van a tener una nueva forma de abordarse”.

En el marco de este programa ‘Canarias + Viviendas x Familias’ se constituirá una comisión de seguimiento integrada por un representante de cada ayuntamiento que haya conveniado, además de dos representantes de la comunidad autónoma, un jurídico y un trabajador social.

Se aprueba la lista provisional de personas adjudicatarias y excluidas, de las VPO en arrendamiento con opción a compra

El Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a través de la Sociedad Municipal de Urbanización y Vivienda del Municipio de San Miguel de Abona S.R.L, aprobaba esta semana la lista provisional de personas adjudicatarias y excluidas de los arrendamientos con opción a compra de 10 viviendas protegidas, garajes y trasteros de régimen especial de la promoción de las 66 V.P.O., ubicadas en la Avenida Venezuela en Amarilla Golf (próxima a la Escuela Infantil Capitán Galleta).

Valentín González, alcalde del municipio y presidente del Consejo de Administración, explica que “se trata de viviendas de dos y tres habitaciones, siendo una de ellas adaptada para personas con discapacidad, las cuales se han regido por unas Bases que establecen los requisitos que han de cumplir las personas solicitantes, regulando el procedimiento de adjudicación, así como las cláusulas del contrato de arrendamiento con opción a compra”. En este sentido, añade que “las bases han sido aprobadas con el objeto de facilitar la adquisición de las viviendas, ya que la persona arrendataria podrá optar a la compra de la misma a un precio asequible”.

Desde el consistorio sanmiguelero se informa que esta lista provisional, que ha resultado en base a la puntuación obtenida por aplicación de los criterios de adjudicación, estará publicada durante un plazo de diez días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento sanmiguelero y en su página Web (www.sanmigueldeabona.es), pudiendo presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas, las cuales serán estudiadas por el Consejo de Administración antes de su aprobación definitiva.

Cabe recordar que, de entre los requisitos establecidos, figura que las personas interesadas debían estar inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, o que ningún miembro de la unidad familiar fuese titular de pleno dominio o derecho real del uso y disfrute sobre una vivienda protegida o libre, así como que los ingresos ponderados de la unidad familiar no sean inferiores a 1,5 ni superiores a 2,5 veces el IPREM.